HUMANISMO Y MEDICINA
La democratización de la
salud. Las políticas sanitarias durante los gobiernos
peronistas en Córdoba (1943-1955)
The Democratization of Health. The Health Policies during
the Peronist Government in Córdoba (1943-1955)
María José Ortiz Bergia, A. Segreti
Revista Facultad de Ciencias
Medicas 2012; 69(4):228-235
María José Ortiz
Bergia
Universidad Nacional de Córdoba – Centro de Estudios
Históricos “Prof. Carlos S.
A. Segreti”
– Becaria CONICET, Córdoba, Argentina
Miguel C. del Corro 308- Córdoba (5000)
Introducción
En el largo siglo XX argentino, los primeros gobiernos
peronistas desplegaron un significativo conjunto de
políticas sociales y avanzaron en la consolidación de
arreglos políticos que institucionalizaron la protección
social como responsabilidad del Estado. Los estudios
dedicados a analizar específicamente la acción estatal sobre
el campo de la salud han mostrando los alcances de las
intervenciones nacionales impulsadas en esos años, sus
logros, tensiones y contradicciones. De todos modos, la
importancia de las políticas nacionales durante los primeros
gobiernos peronistas no puede llevarnos a soslayar la
gravitación de las políticas públicas provinciales durante
esa coyuntura y su importancia en la estructuración de las
políticas de salud. En otras palabras, una perspectiva
centrada en los espacios del interior del país permite
visibilizar que en esa etapa las jurisdicciones
subnacionales fueron proveedoras de servicios sociales
relevantes e, incluso, ocuparon un lugar más preponderante
que las reparticiones nacionales en la generación de los
servicios sanitarios disponibles.
Para comprender ese fenómeno es necesario tener en cuenta
que en el período de entreguerras y los años de posguerra,
las agencias de salud dependientes de los aparatos estatales
provinciales sufrieron singulares modificaciones que las
jerarquizaron como distribuidoras del bienestar y las
dotaron de nuevas capacidades para accionar sobre la vida de
la población. En el caso del Estado cordobés este fenómeno
se manifestó a través de aumentos en la inversión en salud,
en las transformaciones producidas en la infraestructura
dependiente de la jurisdicción local y en los cambios
introducidos en las oficinas sanitarias que recibieron una
mejor dotación de competencias, instrumentos legales y
recursos humanos.
Con la finalidad de investigar esos procesos, en el
siguiente artículo se ponen en evidencia distintas
dimensiones de análisis. Inicialmente, exploramos las
variaciones producidas en las políticas públicas
provinciales entre la entreguerras y la posguerra con la
finalidad de comprender la conformación del Estado
intervencionista como un fenómeno que hunde sus raíces en
las primeras décadas del siglo XX y ponderar,
simultáneamente, las especificidades de los gobiernos
peronistas. Posteriormente, en el último apartado, buscamos
investigar diferentes indicadores relativos a las
transformaciones introducidas en las capacidades
administrativas de las agencias sanitarias cordobesas
durante los gobiernos peronistas. Examinamos específicamente
las variaciones generadas en el gasto público en salud de la
provincia de Córdoba, las modificaciones en las dimensiones
de las agencias y la burocracia sanitaria.
Las transformaciones del sistema de salud público
En la jurisdicción cordobesa uno de los principales procesos
que atravesó la salud pública entre los años treinta y los
gobiernos peronistas fue el incremento sustancial de la
oferta global de servicios, con un crecimiento absoluto de
las camas hospitalarias, de las prestaciones de consulta
médica y de la implementación de programas preventivos. Para
1955 la población de la provincia estuvo en condiciones de
usufructuar un número varias veces superior de servicios de
salud respecto a 1930. De tal modo, los 16 establecimientos
hospitalarios policlínicos públicos disponibles en toda la
jurisdicción en 1930 pasaron a ser 110 y las camas
aumentaron de 1.595 a 5.197. El principal incremento se
produjo fundamentalmente durante los gobiernos peronistas
(1943-1954), etapa durante la cual se incrementaron las
camas en un 79% respecto a 1930.
A ello es necesario agregar que, si bien el crecimiento de
los servicios sanitarios tuvo como protagonistas a actores
civiles y estatales, se caracterizó más bien por una
estatización y, fundamentalmente, por una mayor
participación del Estado provincial en la provisión de la
oferta pública de salud. El aumento de la intervención de
las oficinas locales se generó a través de la ampliación de
su actividad y del traspaso sistemático de los
establecimientos hospitalarios dependientes de las
organizaciones de beneficencia y de los municipios
cordobeses. Como expresión de esas transformaciones si en
1930 existía solamente un hospital de 40 camas de
dependencia provincial en toda la jurisdicción, el hospital
Regional de Deán Funes, para 1954 este panorama se había
modificado con 4.317 camas hospitalarias policlínicas
provinciales. Esto implicó que en el lapso de pocos años el
Estado cordobés se convirtió en el principal oferente de
servicios de salud públicos de la jurisdicción.
En Córdoba capital estos procesos se manifestaron a través
de la duplicación de los hospitales, de 9 a 17, y también de
la ruptura en la participación del gobierno provincial en la
infraestructura de salud existente en la ciudad. Si en 1930
éste no disponía de hospitales en la capital, para 1955 la
mayor parte de los establecimientos de salud dependían del
ministerio local de salud pública. Para entonces el gobierno
administraba todos los establecimientos de beneficencia de
la ciudad capital, el hospital de infectocontagiosos
municipal, el hospital Rawson, y algunos hospitales
recientemente inaugurados como el hospital Córdoba/Eva Perón
(1950), el micro hospital Nuestra Señora del Valle (1949) y
la maternidad 17 de octubre (1952).
Las transformaciones operadas en el Estado provincial no
sólo se manifestaron en la ampliación del esquema
hospitalario, sino también en la distribución de servicios
de carácter ambulatorio a lo largo del territorio. Desde los
gobiernos demócratas (1932-1935) en la provincia comenzaron
a difundirse Dispensarios de Profilaxis General y Primeros
Auxilios presididos por médicos y enfermeros con la
finalidad de atender la demanda dispersa en pequeñas
localidades y áreas rurales. Esta búsqueda por asegurar una
mejor distribución de los servicios públicos, tornando
accesible la atención médica a la población de menores
recursos, fundamentó la creación para 1955 de 168
dispensarios y salas de primeros auxilios a largo del
territorio cordobés.
La ampliación de la infraestructura hospitalaria y de los
servicios ambulatorios se había realizado asistemáticamente
a lo largo de décadas. En ese contexto, el Estado cordobés
en particular había tenido una participación mínima en la
atención de las necesidades de la población canalizadas
predominantemente a través de organizaciones civiles y
organismos municipales. Para los años treinta se produjeron
modificaciones en ese estado de situación, con el despliegue
de una nueva participación provincial en la provisión de una
estructura de servicios de salud públicos. Sin embargo, los
recursos dispuestos para esa tarea resultaban insuficientes
para responder a las demandas existentes. Recién en los años
cuarenta, los cambios operados en el Estado cordobés y en el
recién creado Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social permitieron generar transformaciones más
significativas en ese contexto.
Rupturas en las capacidades estatales
La finalidad de este apartado es revisar las mutaciones
operadas en los aparatos estatales dedicados a la provisión
de servicios de salud en Córdoba y cómo éstas modificaron
las capacidades del Estado provincial para distribuir
bienestar en la sociedad. Adoptamos el concepto de
“capacidades estatales” para referirnos a las diferentes y
variables “aptitudes de las instancias de gobierno para
obtener resultados” y analizamos específicamente sus
componentes administrativos como los recursos humanos, la
organización interna y las bases financieras. En efecto,
analizamos de qué modo las políticas sociales ejecutadas en
ese período fueron acompañadas por reconfiguraciones en el
Estado, en sus formas de distribuir los recursos públicos,
en sus estructuras institucionales y en sus burocracias.
Al respecto, es posible afirmar que en el transcurso de los
años cuarenta la estructura del Estado cordobés se modificó
sustancialmente. El gasto social se incrementó dentro del
presupuesto general y sus agencias se transformaron
adquiriendo una mayor jerarquía, complejidad y
especialización. Esto generó que el Estado provincial
incrementara sus capacidades administrativas para regular e
imponer sus directivas sobre la sociedad y a partir de la
posguerra las reparticiones locales tuvieron una importante
gravitación en la distribución de bienes y servicios
sociales, predominando sobre el resto de las jurisdicciones
estatales, nacionales y municipales, en la ejecución de las
políticas sanitarias y asistenciales.
Algunas de esas transformaciones comenzaron a ponerse en
evidencia en la entreguerras, aunque sólo de forma
incipiente. Los cambios en las concepciones sobre el rol del
Estado en lo social se desarrollaron en los años veinte y,
luego de la crisis de 1930, se arraigó una posición
favorable al intervencionismo estatal. En esos términos, la
dirigencia demócrata de la primera mitad de la década del
treinta impulsó nuevas acciones estatales en lo social
buscando asegurar un mejoramiento de las condiciones de vida
de la población. Su opinión favorable al rol más activo del
Estado en el mercado y la sociedad no fue necesariamente
compartida por toda la dirigencia política, pero sí
fundamentó las iniciativas sociales que comenzaron a
desarrollarse en el área de salud como los dispensarios de
primeros auxilios mencionados previamente.
Durante los gobiernos radicales de la segunda mitad de los
años treinta, también conocidos como sabattinistas, en un
contexto económico sustancialmente más favorable, se produjo
una consolidación de esos discursos intervencionistas y
conceptos como “justicia social” emergieron como principios
de legitimación de la actuación estatal. Esos gobiernos
radicales fueron la expresión cordobesa de procesos más
generales compartidos por distintas jurisdicciones políticas
que se desarrollaron en las provincias de Santa Fe y Buenos
Aires. De tal modo, antes que un rasgo particular del Estado
cordobés y de la dirigencia sabattinista fue una
manifestación de la consolidación del intervencionismo
estatal y de las nuevas modalidades de relación entre el
Estado, el mercado y la sociedad en el país. Siguiendo a
Virginia Persello la novedad de los años treinta fue “la
magnitud y la extensión” de la intervención estatal y su
cristalización en gran parte en instituciones de carácter
permanente.
Ahora bien, aunque en los años treinta las concepciones
sobre el Estado y las políticas sociales se modificaron
sustancialmente, esto se desarrolló en un contexto general
en donde quedaron subordinadas a otros objetivos políticos y
económicos de la dirigencia cordobesa. Los gobiernos de los
años treinta fueron reticentes a realizar inversiones
importantes en las nuevas problemáticas sociales y, aunque
generaron algunas innovaciones en los aparatos estatales, la
mayoría de las agencias fueron dotadas inadecuadamente para
responder a las necesidades de la población. No existió, por
lo tanto, una ajustada relación entre las políticas sociales
que se estaban impulsando y las reparticiones dedicadas a
hacerlo con escaso personal, atribuciones legales,
instrumentos técnicos y recursos económicos. En otras
palabras, el alcance de las políticas sociales desarrolladas
en esa etapa estuvo fuertemente condicionado por las
limitadas capacidades administrativas para actuar sobre las
demandas de la sociedad.
A partir de la posguerra, ese panorama se modificó más
intensamente y esto resultó más evidente hacia finales de
los años cuarenta. En esa coyuntura, se desplegó un proceso
de diseño de nuevas agencias sociales, de mejoramiento
sustancial de los recursos económicos dedicados a las mismas
y de su burocracia. En pocos años, los aparatos provinciales
dedicados a lo social sufrieron transformaciones
sustanciales en su fisonomía, mostrando la consolidación
definitiva de un nuevo modelo estatal en el campo de las
políticas sociales. Esto implicó que si bien desde los años
treinta los aparatos estatales comenzaron a tener nuevas
competencias y funciones en el tratamiento de las
problemáticas sociales, recién en los cuarenta adquirieron
las capacidades administrativas necesarias para accionar en
forma más efectiva sobre la sociedad, implementar sus
políticas y conseguir resultados favorables a través de las
mismas. Para poder evaluar la dinámica de esos cambios hemos
optado por analizar tres indicadores: el gasto público en
salud, los cambios en la agencia sanitaria de la
jurisdicción y las transformaciones en la burocracia
provincial.
La inversión de los fondos estatales constituye una primera
vía de entrada para ponderar cómo entre 1943 y 1955 se
produjeron o no modificaciones en las capacidades estatales
para intervenir sobre las problemáticas sociales. A ello es
necesario agregar que las formas de inversión, además de
permitir conocer y evaluar el alcance de las
transformaciones plasmadas en el aparato estatal, son
indicios reveladores de los logros y las limitaciones de las
políticas públicas y de las concepciones que fundamentan el
accionar de la dirigencia política.
Si analizamos el gasto social desde las décadas previas es
posible apreciar el incipiente incremento que se produjo en
el período en estudio. Entre 1900-1914 el promedio de la
erogación en Salud era del 0,86% del presupuesto provincial.
Esa cifra aumentó muy leventemente a partir de la primera
posguerra alcanzando un porcentaje, entre 1918-1927, del
1,10% de las partidas totales. El momento de quiebre en esa
modalidad de inversión se generó en el primer año de gestión
del gobierno radical de Enrique Martínez y José Antonio
Ceballos, en 1928, cuando el 4,05% del gasto fue destinado a
Salud. Esa tendencia se mantuvo en 1930 y, durante el primer
lustro de la década, continuó representando entre un 4 y un
5% de la inversión estatal. En las administraciones
sabattinistas ese porcentaje se incrementó levemente hasta
duplicarse en 1943. A partir de los años cincuenta, sin
embargo, se desarrolló un fenómeno diferente y la inversión
se incrementó hasta posicionarse entre una de las
principales áreas de gasto público. En la explicación de
este fenómeno es necesario ponderar los virajes en la
consideración de las políticas sociales y el predominio que
el Estado provincial adquirió en la satisfacción de las
demandas de salud de los cordobeses.
Durante la etapa peronista, a partir de 1951 más
precisamente, se produjo finalmente una ruptura sustancial
de las modalidades de asignación de los recursos en Salud,
momento en que se duplicó la participación relativa del ítem
en el gasto total. A partir de ese año, el 16% del gasto
público se dedicó a Salud y para 1954 esa tendencia se
consolidó con una inversión cercana al 19% de los fondos
reales. La nueva distribución de los recursos estatales fue
una manifestación de los cambios introducidos en las formas
de considerar al Estado y las políticas públicas
provinciales. En la dirigencia peronista se arraigó una
perspectiva que hizo del aparato estatal uno de los
principales agentes de resolución de los desajustes
sociales. Esto último es central en la comprensión de las
políticas sociales de la época y, simultáneamente, muestra
la importancia que las concepciones tienen en el diseño y en
el alcance de las intervenciones sanitarias estatales. Las
categorías socioculturales se vuelven así marcos
condicionamientos de la actuación de las dirigencias
políticas, de los técnicos y de los funcionarios.
Los cambios producidos en esos años también resultaron
evidentes en las transformaciones de las agencias sanitarias
existentes. Así pues, el organismo dedicado a la salud
pública, el Consejo Provincial de Higiene (CPH) fue
jerarquizado durante los gobiernos peronistas,
convirtiéndose en Ministerio y adoptando un organigrama más
complejo y diversificado. La trayectoria previa de la
repartición pone de manifiesto la importancia de esos
cambios.
El CPH al ser creado, en 1881, tenía tareas muy restringidas
y orientadas fundamentalmente a resolver problemáticas
epidemiológicas. Su acción se limitaba a vigilar el
ejercicio de las artes de curar, inspeccionar y fomentar el
servicio de vacuna y controlar los establecimientos en los
que la salud pública podía verse afectada. Sus competencias
principales, por lo tanto, eran el control epidémico y el
asesoramiento del Poder Ejecutivo. Concordante con esas
funciones en el momento de su creación tenía una
infraestructura bien precaria. Sus primeros años estuvo
conformado por tres profesores de medicina de la Universidad
contratados en forma ad honorem y dos empleados
administrativos. Para finales del siglo XIX, se produjo un
mejoramiento mínimo de su dotación de recursos humanos con
la designación de un presidente y dos vocales, un secretario
médico y un inspector de farmacias. Estos cargos a
diferencia de la década previa eran todos rentados, pero el
CPH seguía siendo hacia finales del siglo XIX una
repartición muy pequeña, con limitadas competencias y
escasas capacidades de acción.
A mediados de los años veinte, se comenzaron a evidenciar
incipientes innovaciones en este esquema por demás precario,
con la difusión de dispensarios, la atención directa del
problema de la salud y la centralización de todas las
instancias administrativas. Entre las nuevas iniciativas se
dispuso que todos los establecimientos de salud públicos
provinciales pasaran a depender del CPH y, como
consecuencia, la pequeña repartición vio ampliadas sus
esferas de acción, de las tareas de regulación de la
medicina y del control epidémico a la administración de un
pequeño sistema de salud.
La trayectoria del CPH en los años treinta estuvo marcada
por la constante expansión del Estado en el campo de la
salud pública a través de nuevos objetivos institucionales.
En el ámbito burocrático esto se expresó en la búsqueda por
ampliar la estructura de la agencia sanitaria y por
reorganizarla para adecuarla mejor a las nuevas competencias
que se estaban desarrollando. Para ello se produjo una mayor
complejización dentro del organismo, se delimitaron
diferentes áreas de trabajo y se definieron mejor las
problemáticas a cargo de cada una de ellas. Las innovaciones
más importantes fueron la instalación de la sección
Laboratorios y la reorganización del CPH que implicó un
organigrama mejor diferenciado internamente. De todos modos,
la repartición no sufrió cambios estructurales que
implicaran la transformación de su arquitectura burocrática.
Esto se explica en la existencia de diversos
condicionamientos en el desempeño provincial en el campo de
la salud pública como las limitadas dotaciones de recursos
materiales y humanos, permanente fuente de dificultades en
la realización de cambios más significativos en las
capacidades de la agencia para penetrar el amplio territorio
cordobés.
Para los años cuarenta, en Córdoba y en distintas
jurisdicciones, maduró definitivamente un consenso difundido
en la sociedad por el cual se consideraba necesario que la
salud pública adquiriera estatus ministerial. Esto no
implicaba solamente un cambio de denominación, sino la
asignación de una mayor autonomía en sus decisiones sobre
cómo distribuir los recursos económicos, manejar sus
empleados y disponer de su vida administrativa. Durante los
años treinta, se construyeron mucho de los rasgos de ese
consenso, pero todavía había desacuerdos sobre el lugar que
debía adquirir la salud respecto al resto de las áreas de
actuación estatal y no existía una clara voluntad política
de dotarla de mayores recursos económicos.
En consecuencia, recién hacia finales de los años cuarenta,
se produjeron reformas más sustanciales en el esquema
administrativo cordobés al crearse la Secretaría de Salud
Pública, agencia que adquirió estatus ministerial. Ese
organismo sanitario sólo se mantuvo por escasos meses dado
que con la nueva ley de ministerios de 1950, se dispuso la
creación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
y con ello la salud pública alcanzó estatus ministerial y
autonomía en el manejo económico de su presupuesto, del
personal y de sus decisiones en la definición e
implementación de sus intervenciones. En ese contexto,
Córdoba no fue un caso excepcional ni a nivel nacional ni
internacional. Por el contrario, en la posguerra en
distintos países fue común el establecimiento de Ministerios
de Salud destinados a centralizar las reparticiones
estatales y la acción particular en el campo de la salud
pública. El mismo proceso se operó en el resto de las
jurisdicciones políticas argentinas. En esos años, por
tanto, la provincia participó de un proceso más generalizado
de jerarquización de las agencias sanitarias producto de la
consideración de la salud a partir de la posguerra como un
elemento neurálgico del progreso social y económico.
El último aspecto que nos interesa analizar es el de los
cambios introducidos en la burocracia sanitaria cordobesa
como otro aspecto crucial de las transformaciones que
venimos destacando. Las investigaciones realizadas sobre la
burocracia sanitaria cordobesa entre 1943 y 1955 muestran
dos etapas importantes en la vida institucional de la
repartición durante la posguerra (1943-1949 y 1949-1955). La
primera de esas etapas se caracterizó por una profunda
inestabilidad y conflictividad política en que la
repartición sanitaria fue penetrada por los criterios
partidarios y se paralizó su vida administrativa, con la
depuración y el recambio de sus cuadros burocráticos. En
contraposición, a partir de 1949, se inició un período de
mayor estabilidad institucional, con el despliegue de
proyectos de profesionalización, modernización y
racionalización de la burocracia estatal.
Ahora bien, esos cambios también se pueden observar a través
de las modificaciones generadas en las dimensiones de la
burocracia entre la entreguerras y los años de posguerra. El
estudio de los guarismos de la repartición sanitaria
cordobesa (Consejo Provincial de Higiene/Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social) permite constatar que el
incremento del personal estatal no se inició necesariamente
con el desarrollo de los gobiernos peronistas, sino con los
gobiernos radicales de la segunda mitad de los años treinta.
A partir de las gobernaciones sabattinistas, aunque con una
intensidad significativamente menor, comenzó una tendencia
ascendente en el número de empleados estatales de salud y,
entre 1935 y 1943, éstos se incrementaron en un 59% de 34 a
54. Esto no es paradójico si tenemos en cuenta que para esa
fecha ya existían discursos favorables a la intervención
estatal, modelos factibles de imitar en el campo de las
políticas sociales y, finalmente, un contexto económico en
el que se habían superado los efectos más adversos de la
crisis de 1930. Los datos relevados permiten aseverar, de
todos modos, que ese proceso, no se desarrolló en relación a
la demanda de personal que requerían las nuevas
intervenciones estatales. En la repartición existió una
permanente inadecuación entre las funciones que debía
cumplimentar y el personal disponible para hacerlo. Como
ejemplo, en 1942, la sección de Asistencia Médico-Social
debía llevar el control de los establecimientos sanitarios
públicos y las instituciones de beneficencia de toda la
provincia con sólo tres personas -un médico en jefe, un
subinspector y un escribiente.
A partir de los años cincuenta, esa crónica escasez de
personal se modificó. Así pues, los empleados que trabajaba
en el Ministerio provincial, en 1950, era nueve veces más
que el que lo hacía en 1943 (490 entre personal técnicos,
administrativo y de servicio). Esto permitió una mejor
distribución del personal sanitario entre sus distintas
áreas de acción y una mayor dedicación de recursos humanos
entre los distintos programas sanitarios existentes. Este
proceso fue un indicio de un redimensionamiento de la
agencia sanitaria que adquirió mayores capacidades de
acción. Esas tendencias permiten aseverar que,
particularmente, entre finales de los años cuarenta y
comienzos de los cincuenta, el Estado transformó sus
recursos burocráticos para intervenir sobre lo social. Esto
último se materializó en la mayor disponibilidad de personal
dedicado a la ejecución de políticas sociales, sanitarias y
asistenciales, y de una estructura administrativa capaz de
procesar nuevas demandas sociales.
Conclusión
En el transcurso de los años cuarenta se produjeron intensas
modificaciones en las intervenciones estatales dedicadas a
atender las condiciones de salud de la población. Así pues,
el Ministerio de Salud Pública Nacional presidido por el
reconocido sanitarista Ramón Carrillo podía destacar a
comienzo de los años cincuenta los notables cambios
introducidos en la salud pública del país con la expansión
de la capacidad hospitalaria, la disminución de la
mortalidad bruta y la erradicación de algunas enfermedades
endémicas como el paludismo. Sin embargo, este panorama no
sería de todo completo si pasáramos por alto la
responsabilidad significativa que en esos procesos tuvieron
las jurisdicciones subnacionales a través de las
innovaciones introducidas en sus estructuras sanitarias.
Como se ha analizado durante los gobiernos peronistas
cordobeses de la posguerra se produjeron transformaciones
que tendrían un alto impacto en el sistema de salud
existente, con modificaciones en las capacidades
administrativas del Estado cordobés y de sus posibilidades
para penetrar el territorio, asegurar servicios y regular
las prácticas de la sociedad. De tal modo, a partir de los
años cincuenta se produjo un acentuado incremento de las
inversiones en Salud, la jerarquización de los organismos
estatales dedicados al tratamiento de la salud con la
creación de un Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social y, finalmente, un aumento sustancial de los recursos
humanos disponibles para la implementación de las políticas
sociales.
Sin embargo, la construcción de ese sistema público de
salud, no fue una creación ex nihilo de los gobiernos
peronistas, sino el resultado de largas décadas de
iniciativas, logros, tensiones y conflictos entre los
diversos actores cordobeses y nacionales involucrados en la
provisión de servicios de salud. Así, en la entreguerras se
produjeron algunos cambios en el panorama de las políticas
sociales, con la extensión de los servicios públicos y una
actuación más relevante de los aparatos provinciales en su
provisión. Pero fue principalmente a partir de mediados de
los años cuarenta que se produjeron modificaciones
sustanciales en ese esquema de salud público, con un
predominio de las agencias provinciales y un
redimensionamiento de los servicios provistos a la
población. Estas innovaciones permitieron a mediados del
siglo XX un avance importante en la democratización del
acceso a la salud respecto a las décadas previas.
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